Aproximadamente 3.000 veterinarios, que sí dependen de autoridades sanitarias y que son la gran mayoría de los inspectores de salud pública de este país, no están bien gestionados y sólo en aquellas comunidades en que están adecuadamente integrados en sus Servicios de Salud, como es el caso de Extremadura, se ha aprovechado su potencial y están rastreando casos